En el programa de hoy hemos reflexionado sobre el valor de la Función Pública en España, que se apoya en dos pilares fundamentales: la seguridad profesional y la independencia jurídica. Para profundizar en esta cuestión, hemos entrevistado a Juan García Posada, Abogado del Estado ya jubilado, que ha desarrollado una trayectoria de cuarenta años al servicio de la Administración.

La principal conclusión que deja su experiencia es rotunda para cualquier aspirante: “Me he divertido extraordinariamente”. Una afirmación de tal magnitud, procedente de alguien que dedicó su vida a resolver auténticos “embolaos gordos” en destinos como Delegaciones de Hacienda o los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía, constituye la mejor carta de presentación para una carrera de servicio público.

 

Seguridad y autonomía: el gran retorno de la inversión en la Función Pública

La decisión de no abandonar la Administración, a pesar de las oportunidades que el sector privado pudo haberle ofrecido, se resume en una frase lapidaria: «fuera hace mucho frío

En un contexto económico donde la precariedad laboral afecta especialmente a las nuevas generaciones, el servicio público ofrece un blindaje que, según García Posada, garantiza una autonomía y una independencia enorme.

Ser opositor implica invertir años de esfuerzo, disciplina y recursos. La recompensa no es solo un salario digno, sino también la tranquilidad de saber que solo un evento extremo, como la quiebra total del Estado, podría poner en riesgo esa seguridad. Para los jóvenes que hoy contemplan su futuro, el mensaje es claro, la oposición es una inversión que “merece la pena”, porque proporciona una estabilidad que el mercado laboral privado ya no garantiza.

El camino para acceder a la alta función pública es, por definición, riguroso. García Posada no ocultó la realidad de su preparación para Abogado del Estado, describiéndola como un proceso «duro» que exigió una profunda disciplina, constancia y la “limitación de resacas” para un estudiante que en la universidad se consideraba «juerguista«. Su primer intento terminó en suspenso, el primer gran “castañazo” de su vida académica, pero lo afrontó con optimismo y logró la plaza en menos de tres años.

Lejos de ser un obstáculo, el sistema de oposición actúa como filtro esencial para la calidad del servicio. Los tribunales alcanzaban un acuerdo unánime, lo que asegura que la evaluación no responde a una mayoría de mínimos, sino a un reconocimiento colectivo del mérito. Este rigor es lo que justifica y legitima la alta función pública frente al riesgo de los concursos, un sistema que suele ser más vulnerables a influencias externas.

 

El desafío de la modernización 

La labor de Juan García Posada se centró en la función consultiva, resolviendo grandes problemas administrativos y tomando decisiones que requerían la inmediatez y el criterio del jurista, desde la secretaría de sociedades estatales (Senasa, Casega) hasta la gestión de comisiones históricas, como la de expropiaciones en Cuba.

De toda suexperiencia, extrae dos grandes críticas y un mandamiento ético para los juristas del Estado.

En el plano institucional, lamenta que, a pesar de los años, la Administración no se haya «dinamizado lo suficiente.» La necesidad de modernización y agilización siguen siendo desafíos pendientes.

En el plano personal, su mandamiento ético es la independencia. Su consejo más valioso es que, a veces, «hay que decir que no.» 

El jurista público no está para «decir lo que quiere«, no puede complacer a políticos o superiores jerárquicos. Su labor es garantizar la legalidad y, esta función consultiva, exige la valentía para mantener el criterio jurídico propio, incluso a riesgo de la impopularidad. Esta es la esencia del servicio público bien entendido.

La trayectoria de Juan García Posada es un testimonio vibrante de un camino exigente que ofrece recompensas profesionales y personales superiores a la media. Su reflexión final resume la rapidez de una vida bien invertida: “No me arrepiento porque lo pasé muy bien. Pero qué rápido pasó.”