Ley 19/2013: Resumen para oposiciones sobre la Ley de Transparencia
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, también conocida como Ley de transparencia estatal, forma parte del temario de numerosas oposiciones. Por eso, es importante entenderla, saber cuál es su finalidad y tener claros cuáles son los aspectos más reseñables. En este artículo, te mostramos un resumen de la Ley 19/2013 que te interesará si estás preparando una oposición.
Ley de Transparencia Estatal: todo lo que debes saber
Tal y como hemos comentado, la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o Ley de Transparencia, es una parte importante tanto del temario como de los exámenes de Administrativo o Auxiliar Administrativo del Estado, entre otras muchas oposiciones. A continuación, desgranamos los aspectos más relevantes para ayudarte a entenderla.
¿Cuál es el objetivo de la Ley 19/2013?
Esta ley plantea dos grandes objetivos: la transparencia de la actuación de los poderes públicos y las normas de buen gobierno.
La transparencia y las normas de buen gobierno son los pilares sobre los que se asientan las instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y que promueven el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia.
Por lo tanto, es imprescindible tener el conocimiento y la capacidad para trabajar en una continua mejora de la fiscalización de la actividad pública. La transparencia es, asimismo, una vía más clara para contribuir a la regeneración democrática y para garantizar la eficiencia y eficacia del Estado.
En esta línea, la ley 19/2013, tiene un triple alcance:
- Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas.
- Reconoce y garantiza el acceso a la información, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo.
- Establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Es decir, actúa como el marco de responsabilidad que se exige a todas las personas que desempeñan actividades públicas.
¿Cómo se estructura la Ley 19/2013?
Esta ley se estructura en 40 artículos, y tiene la siguiente distribución:
- 1 Título Preliminar
- 3 Títulos
- 8 disposiciones adicionales
- 9 disposiciones finales
¿Qué es lo más destacado de la Ley de Transparencia estatal?
A continuación, resumimos los aspectos más reseñables de la Ley 19/2013:
En su Título I la Ley regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones que se recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.
El ámbito subjetivo de aplicación de este título, recogido en su capítulo I, es muy amplio e incluye a:
- Todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad.
- Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas.
- Las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
- Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia.
- Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas.
- Las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.
El capítulo II, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones para los sujetos anteriormente mencionados. Estos deberán difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística.
Para favorecer el acceso de todos a la información que se difunda ordenó la creación del Portal de la Transparencia. Aquí se puede consultar la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, y también aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
El capítulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. La ley destaca que este derecho solo se limitará en los casos en los que sea necesario por la naturaleza de la información o porque entre en conflicto con otros intereses protegidos.
En el Título II otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno, altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Finalmente, el Título III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este órgano independiente ostenta competencias como: promover la cultura de transparencia en la Administración Pública, garantizar el derecho de acceso a la información pública y observar las disposiciones de buen gobierno. Es, básicamente, el órgano encargado de supervisar que la Ley de Transparencia se cumple debidamente.
Últimas actualizaciones de la Ley 19/2013
La ley del 2013 fue modificada por:
- Ley 14/2022, de 8 de julio, reformó la ley inicial para con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
Si estás preparando una oposición, lo único de lo que debes preocuparte es de comprobar que estés estudiando la versión actualizada de la Ley. Es decir, la que figura en el Boletín Oficial del Estado. De hecho, en la propia edición digital del BOE figura como “Legislación consolidada” la versión vigente.
Aun así, si tienes curiosidad, puedes comprobar las actualizaciones en el apartado “Seleccionar redacción”. Ahí, verás las distintas modificaciones que se han realizado de la Ley de Transparencia y, en general, de cualquiera.
¿Qué preguntas relacionadas con la Ley 19/2013 son más habituales en las oposiciones?
La experiencia del equipo docente de Opostal permite concluir que son más frecuentes las preguntas relacionadas con publicidad y transparencia que las preguntas sobre buen gobierno. Es decir, las del Título II, ya que la publicidad y la transparencia concentran el contenido de los Títulos I y III de la ley.
En el año 2023 en los cuerpos A2, C1 y C2 del Estado se formularon las siguientes preguntas en los exámenes oficiales
Grupo A2. Una pregunta: De acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, NO es un miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:
- a) El Vicepresidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- b) Un representante del Tribunal de Cuentas.
- c) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- d) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
Grupo C1. Pregunta de reserva: Según el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿quién NO forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?:
- a) Un Diputado.
- b) Un Senador.
- c) Un miembro del Consejo General del Poder Judicial.
- d) Un representante del Defensor del Pueblo.
Grupo C2. Se incluyeron dos preguntas:
1º: Según el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué se entiende por los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones?
- a) Publicidad activa.
- b) Información pública.
- c) Transparencia activa.
- d) Información institucional.
2º: Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las solicitudes que se refieran a información de publicación general:
- a) Se remitirán al lugar o lugares de dicha publicación.
- b) Se inadmitirán a trámite.
- c) Se desestimarán.
- d) Se archivarán.
Aspectos a tener en cuenta por los opositores para estudiar la Ley 19/2013
De cara a una preparación del examen final más reforzada, los alumnos deberían tener un conocimiento lo más preciso posible sobre:
- Ámbito subjetivo de aplicación de la ley en la parte de transparencia (arts. 2, 3 y 4)
- Estudiar los diversos contenidos de la denominada “publicidad activa” (en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10).
- Derecho a la información: en qué consiste y cuál es el procedimiento para solicitarla y en su caso presentar impugnaciones (arts. 17 a 24).
- Del buen gobierno, determinando a quién se encuadra en esta definición y qué principios generales y de actuación deben respetar en el ejercicio de sus funciones (arts. 25 y siguientes).
Como siempre te decimos, estas son solo algunas de las sugerencias que desde Opostal brindamos a nuestros alumnos para abordar el estudio de la ley 19/2013. Ya sabes que, si quieres ahondar más en la manera de estudiar las leyes, nuestro equipo de profesores te proporcionará las herramientas necesarias para ello.
Ten presente que la legislación constituye una parte fundamental del contenido de muchas oposiciones, por lo que confiar en una academia especializada como Opostal es crucial para asegurar que retengas toda la información posible sobre ellas.
